El Gobierno porteño extendió el criterio de atención preferente para las personas con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. La medida alcanza la asignación de turnos, cupos, vacantes y otras modalidades de acceso a servicios públicos, aunque establece excepciones para urgencias, emergencias y determinadas situaciones especiales.
El mecanismo fue establecido mediante el Decreto 142/26, firmado el 8 de abril y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial porteño. La norma dispone que la denominada “Prioridad Porteña” se aplique a los servicios de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad.
Qué establece la nueva prioridad
El decreto determina que las personas con domicilio en CABA tendrán una asignación preferente de turnos, cupos, prestaciones o modalidades de atención, de acuerdo con las características de cada servicio. La medida no establece la exclusión de quienes viven fuera de la Ciudad, sino un criterio de organización de la demanda.
La prioridad no se aplica en situaciones de urgencia o emergencia sanitaria, casos que requieran tutela inmediata de derechos, cuestiones vinculadas con la seguridad pública ni prestaciones alcanzadas por regímenes especiales o convenios entre jurisdicciones.
El antecedente en el sistema de salud
La implementación de este criterio tiene como antecedente las medidas adoptadas durante 2025 para establecer una atención prioritaria para residentes porteños en la red de hospitales públicos de la Ciudad. En 2026, el Gobierno porteño amplió el criterio a otros servicios de la administración pública.
La propia Ciudad informó que la línea 147 cuenta con un esquema de prioridad para los vecinos porteños en la gestión de turnos de salud. Según material oficial, el objetivo es organizar la asignación de turnos y facilitar el acceso de los residentes a los servicios correspondientes.
Cómo se implementará
La Jefatura de Gabinete de Ministros quedó establecida como autoridad de aplicación y deberá coordinar con los distintos organismos porteños la adaptación de sus procedimientos para implementar el nuevo criterio.
El decreto señala además que la aplicación de la prioridad debe respetar los principios de igualdad y no discriminación y garantizar el acceso a prestaciones vinculadas con derechos fundamentales y a situaciones de emergencia.