A través de la modificación de la Ley N° 6.817, se eliminaron los requisitos digitales complejos. Los beneficiarios que perciban hasta 2,5 haberes mínimos podrán realizar el trámite de manera presencial en las sedes comunales y acceder directamente por el molinete.
Modificación normativa y eliminación de trabas digitales
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el Despacho N° 0339-26, una iniciativa impulsada conjuntamente con la diputada Graciela Ocaña, que modifica la normativa vigente para facilitar el acceso real y efectivo al pase libre en la red de subterráneos destinada a jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Hasta el momento, para gestionar el beneficio al que acceden quienes perciben hasta dos y medio haberes mínimos, los usuarios debían atravesar un proceso burocrático que incluía el uso del sistema de Trámites a Distancia (TAD), la presentación de constancias de ARCA y la tramitación de la certificación negativa de la ANSES. Con la nueva ley, estos requisitos digitales complejos quedan sin efecto.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el alcance de la medida:
“Aprobamos una ley para que los jubilados de la Ciudad, que cobren hasta 2,5 haberes mínimos, puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, pasan el DNI por el molinete. Simple.” — Jorge Macri.
Cómo será el nuevo trámite presencial
A partir de la promulgación de la norma, el procedimiento se simplifica al extremo: los interesados podrán realizar la gestión de forma presencial en cualquiera de sedes comunales de la Ciudad, presentando únicamente:
- DNI (Documento Nacional de Identidad).
- Recibo de haberes que acredite percibir hasta 2,5 haberes mínimos.
Una vez completado el alta, los beneficiarios podrán validar su ingreso pasando directamente el documento por el lector del molinete de la red de subtes.
Aclaración importante: La modalidad simplificada en las Comunas comenzará a regir formalmente una vez que se complete el proceso reglamentario. A partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo porteño dispone de un plazo máximo de 60 días corridos para su reglamentación y puesta en marcha definitiva.